¿Qué es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información ?

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), (también conocidad como “La Ley de Internet”) tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúen como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Son servicios de la Sociedad de la información entre otros, y siempre que representen una actividad económica, los siguientes:

  • La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
  • La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.
  • La gestión de compras en la red por grupos de personas.
  • El envío de comunicaciones comerciales.
  • El suministro de información por vía telemática.
  • El vídeo bajo demanda, como servicio en que el usuario puede seleccionar a través de la red, tanto el programa deseado como el momento de su suministro y recepción.

Esta Ley,

  • Exige a  los prestadores de servicios (Persona física o jurídica que proporciona un servicio de la sociedad de la información):
    • Obligación de identificación del prestador
    • Obligación de información precisa e inequívoca sobre el servicio prestado
    • Información sobre el precio de los productos, indicando si incluye o no los impuestos aplicables, gastos de envío y cualquier otro dato que deba incluirse en cumplimiento de normas autonómicas aplicables.
    • En el caso en que la actividad que se ejerza precise de una autorización administrativa previa, los datos relativos a la misma y los identificativos del órgano encargado de su supervisión.
    • Si se ejerce una profesión regulada, los datos del Colegio profesional y el número de colegiado, el título académico y el Estado de la Unión Europea en que se expidió y la correspondiente homologación, en su caso.
    • Los códigos de conducta a los que esté adherido, en su caso, y la forma de consultarlos electrónicamente.
    • Obligaciones respecto de los contratos electrónicos
    • Obligaciones respecto de la publicidad
  • Los prestadores de intermediación:
    • No son responsables de los contenidos que se alojan
    • Son responsables si conocen la ilicitud y no actúan rápidamente
    • Deben informar sobre las medidas de seguridad
  • Los particulares:
    • Aplicable si incluyen publicidad remunerada
    • Se someten a las reglas de los prestadores

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